Francia: la calle el sábado, el Parlamento el martes

Las cifras: unas 550.000 personas según el Ministerio del Interior, 110.000 de ellas en París; los organizadores hablan de 800.000. El último parte oficial, del domingo a la noche, cuenta 2.397 detenidos y 997 policías y gendarmes heridos, 7 de ellos de gravedad.

El daño: la alcaldía de Limoges, un edificio de 1883 declarado monumento histórico, quedó destruida por un incendio y se derrumbó su campanario. Alexandre Bompard, presidente de la Federación del Comercio y la Distribución francesa y CEO de Carrefour, habla de 1.500 comercios afectados en todo el país y de varias decenas de millones de euros en pérdidas solo para Carrefour.

Y quién convocó, que es lo que más importa: esto empezó el 21 de septiembre en un colegio de Créteil, en las afueras de París, como una protesta de estudiantes de secundaria por clases sobrecargadas y profesores que no se reemplazan. Se armó en redes sociales, sin partido ni sindicato que lo dirija, y el sábado se le sumaron los chalecos amarillos, el movimiento que paralizó Francia en 2018 y 2019 contra la suba del impuesto al diésel, más dos centrales sindicales. Un movimiento sin dirigentes es un movimiento con el que el gobierno no tiene con quién sentarse a negociar.

Nadie llega a 289: la Asamblea Nacional, que es la cámara de diputados francesa, tiene 577 escaños, y hacen falta 289 para tener mayoría. El bloque de Emmanuel Macron tiene 162 y la derecha tradicional 47: juntos suman 209, o sea 80 votos cortos. Y el grupo más votado es el que menos pesa, porque el Rassemblement National y sus aliados sacaron 33,2% en la primera vuelta de 2024 y terminaron terceros en escaños, con 142, ya que el sistema es de dos vueltas y el resto de los partidos se une para cerrarles el paso.

Así caen los gobiernos: el artículo 49.3 permite dar por aprobada una ley sin que los diputados la voten, pero a cambio la oposición puede presentar una moción de censura. Y en esa votación solo se cuentan los votos a favor de tumbar al gobierno, así que abstenerse equivale a salvarlo. Sébastien Lecornu se sostuvo todo el año con la abstención de los 68 diputados socialistas, y les pagó ese favor suspendiendo hasta 2028 la reforma que subía la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Y la caja no da: Francia no cierra un presupuesto en equilibrio desde 1974, y la deuda llegó a 119% del PIB, el nivel más alto de la serie del INSEE. El propio gobierno proyecta que solo el pago de intereses pase de 58.000 millones de euros en 2024 a cerca de 91.000 millones en 2027.

Y lo que encendió la mecha: el diésel subió 44,1% en un año y se paga a 2,37 euros el litro. Es el cierre del estrecho de Ormuz, por donde sale buena parte del petróleo del mundo, llegando al surtidor. Encima, el desempleo entre los jóvenes llegó a 21,6% en el segundo trimestre, 2,5 puntos más que un año antes.

Lo que anunció: que los prefectos, que en Francia son delegados del gobierno central en cada departamento y no autoridades electas, podrán prohibir concentraciones puntuales de acuerdo con los alcaldes; una célula de crisis para los comercios dañados, que el lunes a las 9 reúne en el Ministerio de Economía a las federaciones del comercio junto a bancos y aseguradoras; y una mesa de diálogo con estudiantes, profesores, sindicatos y empresarios. "Los que destruyeron deben pagar, los que saquearon deben devolver", dijo, y atribuyó los destrozos a "facciosos salidos de grupúsculos de ultraizquierda a los que se sumaron delincuentes".

Pero esa mesa ya arranca coja: la Union syndicale lycéenne, uno de los sindicatos de estudiantes de secundaria que llevan la protesta, avisó que no va a la reunión del lunes con el ministro de Educación, Édouard Geffray. "No sirve de nada", dijo su cosecretario general, Marius Mesnil, que quiere negociar directamente con el primer ministro. Y las vacaciones escolares empezaron el sábado: el gobierno cuenta con que eso desinfle el movimiento, los estudiantes dicen que siguen igual.

Lo que no anunció: ni disolución del Parlamento, ni renuncia, ni referéndum, ni cambio de gobierno, pese a que desde la izquierda y desde el Rassemblement National piden la salida del ministro del Interior, Laurent Nuñez. "No hay otra salida a esta jornada del 17 de octubre que su renuncia", dijo Marine Tondelier, secretaria nacional del partido Los Ecologistas. Tampoco hubo plata nueva para los colegios, que es el reclamo con el que empezó todo. Disolver ya lo había descartado el 24 de septiembre porque "no sería bueno para el país", y su horizonte es la elección presidencial de abril de 2027.

Lo único concreto va por el combustible: a comienzos de octubre el gobierno puso a la venta 10 millones de barriles de diésel de las reservas estratégicas, a precio de costo, para que el surtidor baje desde el 1 de noviembre. El gobierno calcula entre 12 y 18 centavos por litro; TotalEnergies, que es la red más grande del país, habla de 8 a 12.

Pero la prueba real es el martes: la Asamblea vota la parte de ingresos del presupuesto 2027 y el gobierno no tiene los votos. Lecornu había ofrecido en septiembre que "no habrá ni 49.3, ni ordenanzas, y al final habrá un voto", con la condición de que la oposición no bloqueara el debate, aunque después dijo que todas las salidas seguían abiertas y en enero ya había sacado el presupuesto de 2026 sin voto. El viernes la Asamblea rechazó el impuesto a las grandes fortunas, que era justo lo que pedían los socialistas para acompañarlo.

Y si pierde, el gobierno no cae, pero el país se queda sin presupuesto: sin la parte de ingresos aprobada ni siquiera se puede debatir la de gastos: el texto pasa al Senado tal como lo escribió el gobierno y se borra todo lo que la Asamblea le había cambiado. El plan B es una ley especial, que Francia ya usó en diciembre de 2024 y de 2025. Y acá está el detalle: la exposición de motivos del propio presupuesto advierte que con una ley especial no se podrían pagar ayudas como la del combustible. El plan B desarma justo lo que sacó a la gente a la calle.

Artículo 49.3: le permite al gobierno francés dar por aprobada una ley sin que los diputados la voten. Es el atajo para gobernar sin mayoría, y el precio es que le abre la puerta a la oposición para intentar tumbarlo.

Moción de censura: la votación que derriba a un gobierno. Necesita la mitad más uno de todos los diputados, y solo se cuentan los votos a favor: no existe la casilla para votar en contra. Por eso en Francia abstenerse termina funcionando como un apoyo.

Ley especial: lo que se aprueba cuando llega el 1 de enero sin presupuesto. Autoriza seguir cobrando los impuestos que ya existen y pagar lo mínimo para que el Estado siga funcionando, pero ninguna medida nueva entra.

Lunes: Macron viaja al Golfo hasta el miércoles, a Kuwait, Emiratos, Baréin y Catar, a buscar más volumen de combustible. El viaje estaba agendado desde antes de las protestas.

Martes 20: la Asamblea vota el presupuesto, después de la sesión de preguntas al gobierno, con el texto todavía sin terminar: quedaban cerca de 3.000 enmiendas por tratar, así que la fecha puede moverse. Ese mismo día, la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, propone una comisión investigadora sobre los disturbios.

Jueves 5 de noviembre: las cinco centrales sindicales francesas convocaron una jornada conjunta de huelga y marchas, esta vez con todas adentro.